Tema: LA DEMOCRACIA EN EL PERÙ

Capítulo I : La Cultura Democrática

Perú ha tenido experimentar en los años 2000 y 2001 su más reciente transición política hacia la democracia. En sentido estricto, una transición constituye un momento parcial y discreto en la transformación política de una sociedad, ella se refiere al conjunto de dialogo, arreglos y compromisos por medio de los cuales un conjunto de agestes que ejercen el poder de manera autoritaria acepta abandonarlo y dar campo libre a la instauración de un poder legítimo y a la restauración de la reglas de juego básicas de la democracia: alternancia en el gobierno, división efectiva de poder, respeto de los derechos fundamentales y vigencias de las garanticas constitucionales , se trata, pues de un proceso de negociación que conduce a un relevo den el poder y la instauración de ciertas reglas por las que dicho poder será ejercido en el futuro. La ciencia política, y en particular esa rama de ella que se ocupa de las transiciones diferencia este proceso de otro posterior en el cual el nuevo régimen conseguirá establecerse como el único juego posible en la vida política del país, la consolidación de la democracia , como se denomina a este segundo momento, constituye un proceso más largo y complejo que se orienta a la implantación de los democrático como el único régimen aliado para administrar el poder y resolver los antagonismos consustanciales toda sociedad libre
Los términos transición y consolidación designan, así fundamentalmente una emoción institucional y difieren la mirada hacia las conductas de los actores sociales y políticos organizados y al contexto de posibilidades y restricciones normativas y pragmáticas

La relación entre tiempos difíciles y democracia
¿Debemos estar preocupados por si los efectos de crisis económica puedan ir más allá y afectar la democracia, y porque las disminuciones de libertad medidas por Freedom House en 2009 sean en parte resultado de los problemas económicos?, o ¿podemos hallar evidencia en el Barómetro de las Américas de una cultura democrática robusta que ha resistido los embates causados por los tiempos difíciles? A lo largo de los años, muchos académicos han examinado la conexión aparente entre crisis económica e
Inestabilidad democrática, habiendo surgido dos escuelas de pensamiento. La primera se
Ha centrado en el individuo, analizando el impacto de la crisis económica en la democracia
A través de la mirada del ciudadano común –en suma, ¿cómo los individuos reaccionan
A la percepción de declive económico? Mucha de la literatura menciona que ciertos
Segmentos de la sociedad son más vulnerables que otros a la hora de apoyar alternativas
Antidemocráticas. Los pobres en particular parecen encabezar este grupo de “amigos
Volubles de la democracia”32, ya que han sido vistos a la cabeza de la reacción contra
Gobiernos democráticos durante tiempos de crisis económica. La crisis económica actual
Ha producido, como se señaló, más ciudadanos latinoamericanos empobrecidos, creando
Así condiciones potencialmente problemáticas para la democracia en la región.
Otras investigaciones han abordado los efectos de las condiciones económicas
Nacionales en la democracia, enfocándose específicamente en cómo el subdesarrollo, el
Crecimiento económico lento, y las graves desigualdades en la distribución del ingreso
Afectan la consolidación democrática. En su frecuentemente citado análisis de la relación
Entre desarrollo económico y democracia, Przeworski et al33 hallaron que ninguna democracia
Ha colapsado cuando el ingreso per cápita del país rebasa los 6,055 dólares. En América
Latina, sin embargo, actualmente sólo Chile y Argentina están arriba de ese umbral, lo que
Significa que la mayoría de los países latinoamericanos entraron en la crisis económica sin
La debida “protección” histórica de niveles adecuados de desarrollo económico34.
Aunque un rompimiento generalizado de la democracia parece inconcebible
En América Latina después de tantos años de estabilidad democrática, lo ocurrido en
Honduras y el deterioro continuo en Venezuela muestran que la democracia sigue siendo
Frágil en algunos países. ¿Podría la crisis económica minar el apoyo ciudadano a elementos
Clave de la democracia liberal y debilitar la estabilidad democrática?37. En esta ronda de encuestas del Barómetro de las Américas, la cual incluye más de 40,000 entrevistas en 26
Países, se cuenta con los datos para explorar esta misma pregunta.
Luego de la discusión del impacto de la crisis económica en la región y en el Perú
El presente capítulo analizó cómo le ha ido a la democracia durante la crisis económica
En Latinoamérica y el Caribe, y específicamente en el Perú. También se analizaron las
Tendencias de los últimos años en el desarrollo democrático y se concluyó con una breve
Discusión de la relación teórica entre crisis económica y democracia. El capítulo siguiente
Se enfocará en las percepciones ciudadanas de la recesión económica medidas por el
Barómetro de las Américas 2010. En el Capítulo III de este estudio se examinará cómo
Ha sido afectada la cultura política de la democracia en estos tiempos económicamente
Difíciles. En ese capítulo se analizarán tres variables principales (entre otras): el apoyo
A la democracia, el apoyo al sistema político, y la satisfacción con la vida como las tres
Variables clave que ayudarán a entender el impacto de la crisis en la democracia en la
Región en su conjunto, y en el Perú desde 2008.

II : Ciudadanía, Derechos y Deberes Capítulo

Artículo 30º.-
Son ciudadanos los peruanos mayores de dieciocho años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere la inscripcionelectoral.
Artículo 31°.-
Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Para el ejercicio de este derecho se requiere estar inscrito en el registro correspondiente. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad. La ley establece los mecanismos para garantizar la neutralidad estatal durante los procesos electorales y de participación ciudadana. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos. *

* Articulo modificado por Ley Nº 28480, publicada el 30 de marzo de 2005. Antes de la reforma, este artículo tuvo el siguiente texto: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a 10 sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica. Es derecho y deber de los vecinos participar en el gobierno municipal de su jurisdicción. La ley norma y promueve los mecanismos directos e indirectos de su participación. Tienen derecho al voto los ciudadanos en goce de su capacidad civil. El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los setenta años. Es facultativo después de esa edad. Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus derechos.
Artículo 32°.-
Pueden ser sometidas a referéndum:
1. La reforma total o parcial de la Constitución;
2. La aprobación de normas con rango de ley;
3. Las ordenanzas municipales;
4. Las materias relativas al proceso de descentralización. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor.
Artículo 33º.-
El ejercicio de la ciudadanía se suspende:
1. Por resolución judicial de interdicción.
2. Por sentencia con pena privativa de la libertad.
3. Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos.
Artículo 34º.-
Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, regulados por ley. No pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones ni realizar actos de proselitismo, mientras no hayan pasado a la situación de retiro, de acuerdo a ley.

* Articulo modificado por Ley Nº 28480, publicada el 30 de marzo de 2005. Antes de la reforma, este artículo tuvo el siguiente texto: Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en actividad no pueden elegir ni ser elegidos. No existent in peen crease otras inhabilitaciones.

Artículo 35º.-
Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas, conforme a ley. Tales organizaciones concurren a la formación y manifestación de 11 la voluntad popular. Su inscripción en el registro correspondiente les concede personalidad jurídica. La ley establece normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos, y la transparencia en cuanto al origen de sus recursos económicos y el acceso gratuito a los medios de comunicación social de propiedad del Estado en forma proporcional al último resultado electoral general.
Artículo 36º.-
El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno aislante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue.
Artículo 37º.-
La extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema, en cumplimiento de la ley y de los tratados, y según el principio de reciprocidad. No se concede extradición si se considera que ha sido solicitada con el fin de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, opinión o raza. Quedan excluidos de la extradición los perseguidos por delitos políticos o por hechos conexos con ellos. No se consideran tales el genocidio ni el magnicidio ni el terrorismo.
Artículo 38º.-
Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación.
III : La Participación Ciudadana y la Sociedad Civil
La participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por
El Estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos
Públicos de su país. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda
Persona tiene derecho a participar en el gobierno del país directamente o por medio de
Representantes libremente elegidos. Es importante que el Estado, como actor y principal gestor de las políticas públicas, no solo se dedique a dictar las normas jurídicas adecuadas para proteger y, fundamentalmente, promover la participación ciudadana de las personas en la toma de decisiones públicas, sino que también debe promover e incentivar la partición ciudadana en la toma de decisiones, para que luego dichas políticas sean la base de un desarrollo sostenible. Se debe tener en cuenta además que con “la democracia se fortalece con los mecanismos de participación ciudadana, porque permite la gestión compartida del desarrollo sostenible y de la calidad de vida de la población. De esta manera, se propiciará el incremento de los índices de desarrollo humano de los sectores más pobres del país” (1).
Es así que los mecanismos de participación ciudadana son parte importante del proceso de descentralización del Estado peruano. Vemos que el gobierno ha ido implementando, a lo largo de los años, instancias de participación tanto en el ámbito local, provincial como regional. Sin embargo, algunos de los actuales mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones requieren un sistema de control más concentrado, para no ser usados por personas que solamente buscan beneficiarse con determinada figura jurídica y obtener intereses propios.

2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PERÚ
La participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los
Asuntos públicos de su país, tal como lo habíamos mencionado en la parte introductoria.
Por su parte, la Constitución Política del Perú de 1993 (2) reconoce los derechos de los
Ciudadanos a participar en los asuntos públicos del Estado. Es por ello que, a lo largo de
Los años, se han venido instituyendo y regulando diversos mecanismos o instituciones para que las personas puedan participar en la toma de decisiones del Estado. Tal como lo indica la doctrina especializada: “La participación ciudadana en los asuntos públicos constituye un derecho fundamental cuyo ejercicio ha ido afirmándose y extendiéndose a lo largo de los años. Este proceso se expresa también en las múltiples formas en que la legislación nacional reconoce, regula y garantiza la intervención ciudadana en cada una delas fases de las políticas públicas” (3).Vimos que la participación ciudadana es definida como un conjunto de sistemas o
Mecanismos por medio de los cuales los ciudadanos, es decir, la sociedad civil en su conjunto,
Pueden tomar parte de las decisiones públicas, o incidir en las mismas, buscando que dichas decisiones representen sus intereses, ya sea de ellos como particulares o como un grupo social. La Constitución Poli- tica del Perú no solo introduce el derecho a la participación en los asuntos públicos de los ciudadanos, sino que menciona a su vez una serie de mecanismos y/o formas por las cuales las personas pueden participar en los asuntos públicos. En ese sentido, “la participación ciudadana incluye una gama amplia de posibilidades para su ejercicio: desde la forma más elemental de participación, que se produce a través del voto o ejercicio del sufragio (derecho a elegir y a ser elegido) hasta el reconocimiento de que los ciudadanos y ciudadanas tienen la capacidad de intervenir en el ejercicio y la dirección de los asuntos públicos, tal como lo establecen tanto la Convención Interamericana de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas” (4).
La participación ciudadana en la toma de decisiones públicas es un sistema importante
Para el desarrollo democrático del Estado. No obstante, en nuestra sociedad es una dimensión relativamente nueva para el sistema político peruano, la misma que también “es entendida como un proceso de concertación, negociación y vigilancia entre la sociedad y las autoridades democráticamente constituidas. Más allá de experiencias e iniciativas puntuales, la política peruana se ha caracterizado por la exclusión de la población, por su nula transparencia y por una relación clientelista con la sociedad” (5). En la práctica, si bien se han sentado las
Bases para la participación ciudadana en la toma de decisiones estos mecanismos no han sido muy utilizados, o en algunos casos, mal utilizados. Es decir, algunos de los mecanismos de participación son usados en beneficios de determinadas personas o grupos sociales para aprovecharse de la figura en busca de sus propios intereses. Pero, se debe tener presente
Que “la participación y la concertación han surgido como tendencias no sólo en nuestro
País sino que forman parte de una dinámica continental. Se han constituido en aspectos
Del debate sobre los enfoques y las estrategias que se pueden llevar a la práctica para superar
Los serios problemas de legitimidad que atraviesa la democracia en nuestros países. En esa
Perspectiva, la propuesta participativa no es un enfoque contrapuesto a los mecanismos de
La democracia liberal. Por el contrario, puede ser, junto con otras reformas necesarias, una
Ruta para responder a sus evidentes limitaciones mediante su profundización; y no, como
Parecen creer algunos sectores conservadores, recortando sus alcances y su contenido” (6). En ese sentido, los mecanismos de participación ciudadana, pueden ser útiles para incluir a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, para fiscalizar la actuación del gobierno y, entre otras cosas, para superar serios problemas de legitimidad que atraviesa la democracia participativa en nuestro país, sobre todo dado que en nuestro país existen pocos partidos políticos organizados. Si bien en nuestra sociedad existen, en la actualidad, varios partidos políticos, la mayoría de ellos son forjados o existen en base a un líder o figura jurídica que una vez apartado del partido hace que este desaparezca. Es importante promover la participación ciudadana en la toma de decisiones de la esfera pública. Sobre todo, teniendo en cuenta que la sociedad civil, en su conjunto o en forma particular, es la parte activa e institucionalizada del Estado. Por tanto, es importante que los ciudadanos mediante sus aportes y/o críticas ayuden a construir una base firme e importante en la toma de decisiones públicas. Al respecto, se indica que “la gobernabilidad democrática exige también, en el campo de los actores, una sociedad civil vigorosa. Cuando se habla de esfera pública y de sociedad civil, se trata de analizar las condiciones con las cuales los argumentos racionales y críticos de personas privadas sobre los asuntos públicos pueden constituir una base firme y autorizada de la acción colectiva y de la toma de decisiones políticas. La importancia de la esfera pública (y de la sociedad civil como su parte activa e institucionalizada) radica en su potencial como modo de integración social mediante el discurso público, que constituye una forma posible de coordinación de la vida humana, de la misma manera que el poder del estado y que la economía de mercado” (7). Finalmente, la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, suscrita el 2009 señala como mecanismos participativos fundamentales aquellos que permiten intervenir en las distintas fases de la formulación e implementación de las políticas públicas (8), muchos de estos mecanismos participativos han sido implementados En nuestro país.

Capítulo IV: La Participación Política y Desafíos de la Democracia
¿POR QUÉ PARTICIPAN LOS INDIVIDUOS EN POLÍTICA? ¿Por qué eligen un tipo de acción y no otro? Uno de los principios básicos de la teoría política consiste en asumir que un régimen democrático requiere de una ciudadanía que se interese, se informe y participe en los asuntos políticos de su comunidad. Sin la participación de los ciudadanos en el proceso político, la democracia carece de sentido y legitimidad.1 Los académicos han identificado distintos tipos de participación poli- tica, tales como: voto, intervención en campañas electorales, actividades comunitarias, contacto con autoridades gubernamentales, entre otras. Cada tipo de participación difiere en cuanto al tiempo y el esfuerzo aportados por los ciudadanos. El voto es, sin duda, la medida de participación política más común en las democracias liberales, 2 quizá porque es una actividad relativamente sencilla, pues requiere de poco esfuerzo y poca cooperación con otros individuos. Sin embargo, el voto es sólo una de las modalidades de participación política que un individuo puede ejercer, y los resultados electorales son sólo un indicador parcial de la actividad política ciudadana en una sociedad. El objetivo de este trabajo es analizar los determinantes de diversos tipos de participación política distintos del voto, que van desde peticiones, manifestaciones o huelgas, hasta actos ilegales como bloqueo de calles, toma de edificios públicos e incluso otros que involucren la violencia. Para probar las diversas hipótesis derivadas de la literatura utilizo la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2001,3 levantada por el INEGI durante noviembre y la primera semana de
Diciembre de ese año.
El trabajo se divide en cinco partes. En la primera se ofrece una revisión de la literatura sobre las diversas definiciones de participación política. La segunda parte se refiere a los determinantes de la participación política convencional. La tercera introduce el tema de la participación política no convencional, su evolución en México, y expone el método de medición de esta actividad desarrollado por Marsh.4 En la cuarta parte se trata el tema de los determinantes de este tipo de participación. Finalmente, en la última parte se ofrecen algunas conclusiones preliminares.
¿QUÉ ES PARTICIPACIÓN POLÍTICA?
Existen diversas definiciones de participación política que varían en cuanto a su alcance.5 Una de las más influyentes es la de Verba y Nie,6 para quienes participación política o lo que ellos llaman “participación democrática” son “aquellas actividades realizadas por los ciudadanos y que están más o menos dirigidas a ejercer influencia sobre la selección del personal gubernamental y sobre las decisiones que toman”.7 Estos autores explícitamente excluyen de su definición lo que ellos califican como actos ceremoniales o movilizaciones de apoyo al régimen. Asimismo, dejan fuera de su definición aquellas actividades políticas “no convencionales”, tales como protestas o manifestaciones ilegales, o movimientos revolucionarios subversivos. De hecho, al centrar su análisis en lo que denominan “participación democrática”, restringen sustancialmente el uso del término “participación política”. Estudiosos de la política comparada han ofrecido definiciones más amplias de participación política. Por ejemplo, Beth y Seligson8 entienden por participación política el comportamiento que influye o que intenta influir en la distribución de bienes públicos. Estos autores caracterizan los bienes tú- bélicos como formas especiales de bienes colectivos provistos por el gobierno o la comunidad a través del gasto gubernamental o comunitario. Por ende, los esfuerzos de un ciudadano por afectar la distribución de un bien público constituyen un acto de participación política. En un tono similar, Myron Wiener (p. 164) define participación política como “cualquier acción voluntaria, exitosa o no, organizada o no, intermitente o continua, que utilice medios le-
¿QUÉ ES LA SOCIEDAD CIVIL?
Espacios públicos y ética cívica1
Gonzalo Gamio Veri 2
1.- Una aproximación filosófico - política al concepto de sociedad civil
Desde los tiempos de la lucha contra la dictadura y la recuperación de la democracia, el concepto de sociedad civil3 - así como su rol al interior de un régimen republicano - ha cobrado una singular importancia en la discusión pública en el país. En los fueros parlamentarios y ciudadanos, hoy se discute acerca de la necesidad de encontrar alguna forma por la que la sociedad civil pueda estar presente incluso en las comisiones de reforma del Poder Judicial o en la formación de eventuales “consejos de ética” que supervisen la actuación de los medios de comunicación o los poderes del Estado. Por otro lado, se asocia fuertemente el concepto de sociedad civil con los espacios ordinarios de participación directa del ciudadano común en los debates públicos y en el diseño de programas sociales y políticos. Se dice – y creo que con toda razón – que en nuestro tiempo podemos identificar una sociedad como realmente democrática en la medida en que cuente con una sociedad civil organizada. En la historia de la filosofía política occidental, por “sociedad civil” se ha entendido tres cosas diferentes, que es preciso no confundir (como se ha hecho, por desgracia, muchas veces. Inicialmente, soecitas civiles constituía la expresión latina para traducir kimona politicé (“comunidad política”), concepto utilizado por Aristóteles y otros pensadores griegos de la vida pública. Con esta expresión se aludía a la entidad política básica, la comunidad de ciudadanos libres que construyen el bien público a través del debate y el compromiso común. Los autores romanos, Hobbes y Kant utilizaban el término como sinónimos de “Estado” y “estado de sociedad”; en el caso del segundo y el tercero – pensadores individualistas al fin y al cabo – contrastaban la societas civiles con el hipotético “estado natural” previo al “contrato” que en el imaginario ilustrado daba origen al orden social. El primero en distinguir filosóficamente entre el Estado y la sociedad civil fue Hegel, filósofo que, tanto en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas como en sus Principios de filosofía del derecho, procuró hacer justicia a la diversidad de vínculos e instituciones sociales en contra del reduccionismo contractualita de sus predecesores. En su concepción de la Etnicidad moderna, Hegel reconoce con claridad tres instancias éticas de interacción humana: aquella en la que la sangre y el afecto mutuo es el fundamento de los vínculos intersubjetivos (la familia); el ámbito de las relaciones socioeconómicas desarrolladas en el mundo del trabajo y del mercado (la sociedad civil) y los espacios de deliberación y decisión políticas (el Estado). Para Hegel y los hegelianos del siglo XIX - en el pensamiento de Marx, la visión hegeliana de la sociedad civil es aplicada sin mayores cambios - se trata del espacio en el que se plantea el conjunto de conflictos de interés y necesidades, y de los vínculos pre-políticos de solidaridad particular (corporaciones) y pública (policía)

Capítulo V: Conclusiones y Bibliografía de Consulta

REALIDAD POLÍTICA: en mi opinión ,en este país existen una realidad política cambiable , un ejemplo seria : cuando el gobierno daba la alternativa de elegir en una jubilación estatal o una de carácter privado a todos los ciudadanos y ahora plantea el pase automático de todos los ciudadanos y ahora plantea el pase automático de todos los trabajadores al sistema estatal (lo que está ocasionando una estatización de jubilaciones), sin poder elegir los ciudadanos como lo hacían antes, si bien en esta o en una afp.
Durante los últimos meses han empezado a cuestionarla gobernabilidad del Presidente Ala García: por ejemplo un sistema de salud deficiente (escasez de camas en los hospitales públicos y los pacientes que quedan en los corredores sin poderse atender), mientras que los políticos argumentan que si se está invirtiendo en salud.
Otro ejemplo es que el gobierno enfrenta un clima de violencia y protesta social, que según la Defensoría del Pueblo son más de 200 (al Sur del Perú, en Cusco, Andahuaylas y Puno), existen focos de violencia, aeropuertos y cerraderas tomadas y Nativos de la Selva exigen la derogatoria de 8 decretos legislativos adicionales además que la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú), anuncia una protesta nacional.
Cabe mencionar también los Tratados de Libre Comercio que se han establecido con EE.UU., Países Asiáticos y por Proyecto de la Unión Europea.

REALIDAD SOCIAL: Uno de los acontecimiento que existe en la Realidad Peruana, es la “gran mentira”, la cual consiste en que se convence más fácilmente la gente con una mentira realista (cabe destacar el caso de las Candidaturas de Mario Vargas Llosa con Alberto Fujimori, sucedido en las elecciones de 1990).
Otro acontecer son las migraciones que realizan nuestros compatriotas por mejoras salariales y por un mejor estilo de vida.

http://books.google.com.pe/books?id=C5er4LFvbZQC&pg=PA6&dq=la+participaci%C3%B3n+pol%C3%ADtica+y+desaf%C3%ADos+de+la+democracia+en+el+peru&hl=es&sa=X&ei=gf1sVOeFNISnNvKsg6AG&ved=0CBsQ6AEwAA#v=onepage&q=la%20participaci%C3%B3n%20pol%C3%ADtica%20y%20desaf%C3%ADos%20de%20la%20democracia%20en%20el%20peru&f=false
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