TEMA 1: LAS COMPETENCIAS DEL ESTADO SOBRE LAS PERSONAS.

1. Territorialidad y extraterritorialidad en el ejercicio de las competencias personales del Estado.
Las competencias personales del Estado derivan de su soberanía y se ejercen sobre toda persona física o jurídica que se encuentre bajo su jurisdicción, y por tanto todo extranjero que se encuentra en el territorio del Estado, así como los nacionales fuera de éste (también de extranjeros para el control extraterritorial de la inmigración irregular). Nacionales + Extranjeros = Población del Estado, el cual establece en su
Derecho interno un estatuto jurídico diferente para ellos, por lo general menos favorable para los extranjeros, pero donde el DI prohíbe todo tipo de discriminación por condiciones sociales (art. 26 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), aunque sí tolera cierto grado de diferenciación, en la Declaración de Derechos
Humanos, o en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El DI otorga al extranjero un estándar mínimo de derechos que suponen límites a los ordenamientos internos.

2. Ámbito subjetivo de aplicación de las competencias personales.
2.1.NACIONALES
La nacionalidad
Es el vínculo jurídico que une a un individuo o una persona jurídica con un
Estado. Como defiende el TIJ, su adquisición y pérdida lo regula el Derecho interno del
Estado. El DI hace algunas limitaciones a esto, como prohibir que se prive de nacionalidad de modo arbitrario, ni impedir ejercer el derecho a cambiar de nacionalidad (art. 15 DUDDHH), el derecho de los niños a adquirir una nacionalidad, así como el derecho de toda persona a adquirir la nacionalidad de donde nace si no tuviese derecho a otra. La jurisprudencia añade la necesidad de un vínculo real para poder ejercer esa nacionalidad frente a terceros Estados, aplicando el criterio de efectividad para casos de conflictos interestatales en supuestos de doble nacionalidad.
Competencias del Estado sobre sus nacionales: individuos + personas jurídicas
El DI también condiciona en parte el trato del Estado a sus nacionales (DDHH).
Mediante la protección diplomática, según la Comisión de Derecho Internacional, un
Estado invoca mediante la acción diplomática u otros medios de solución pacífica, la

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responsabilidad de otro Estado por el perjuicio causado por un hecho internacionalmente ilícito de ese Estado a una persona natural o jurídica que es nacional del primero, con miras a hacer efectiva esa responsabilidad. Además se exige que el perjudicado haya agotado ya los recursos internos.
Para las personas jurídicas, hay que matizar que el Estado que ejerza la protección diplomática deberá de ser el Estado de la nacionalidad formal de la persona jurídica (donde se constituye, bajo sus leyes y donde tiene su sede) y no el de la nacionalidad efectiva (“cuando la sociedad esté controlada por nacionales de otro
Estado u otros, no desarrolle negocios de importancia en el Estado en el que se constituyo y tenga la sede de su administración y su control financiero en otro Estado, ése se considerará el Estado de la nacionalidad”). Respecto a los accionistas, lo que se defenderá son sus derechos en calidad de accionistas si son lesionados.

2.2.EXTRANJEROS
Individuo que no tiene la nacionalidad del Estado y sí la de otro. El derecho de
Extranjería regulará su estatuto jurídico. La normativa internacional en este tema ha evolucionado desde 1892, hasta que en 1928 la Sexta Conferencia Internacional
Panamericana aprobó en La Habana una Convención para el trato a los extranjeros, dando el derecho a los Estados para establecer por Ley las condiciones de entrada y salida, así como a la expulsión por cuestiones de orden o seguridad públicas.
Extranjeros objeto de protección específica: apátridas y refugiados
Los Estados de UN han acordado para ellos regímenes de protección dado que la situación de vulnerabilidad de estos 2 tipos de extranjeros es especialmente grave.
− Refugiado: Según el Convención de Ginebra es aquella persona que, “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o , a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país”. Para considerarle la condición de refugiado, el Estado deberá examinar la solicitud y considerar probado dicho temor. − Apátrida: Individuo que no es nacional de ningún Estado. Se le aplica el estándar mínimo de derechos exigidos por el DI, pero no la protección que los
Estados dan a sus nacionales. Régimen jurídico: Convención sobre el Estatuto de los Apátridas y Convención para reducir los casos de apatridia (especial protección por el DI a la mujer, para evitar discriminación).

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3. El Derecho de Extranjería. Derechos y estatuto jurídico de los extranjeros.
3.1.Derecho Internacional, control de fronteras e inmigración irregular.
Según observa el Comité de DDHH respecto al PIDCP, como he dicho, los extranjeros no tienen el derecho a entrar en un Estado parte ni residir en él, sino que corresponde al Estado decidirlo, lo que han reafirmado diversos órganos internacionales de, y respecto de, tratados de DDHH.
Así, los Estados tienen derecho a proteger sus frontera estableciendo los requisitos a cumplir y la inmigración al margen de estos se considera irregular, cuya erradicación está constituyendo un grave problema. La Unión Europea es un ejemplo paradigmático en este sentido. Las medidas normativas para conseguir tal objetivo en ocasiones lesionan los derechos de los inmigrantes: La UE permite la posibilidad de privar por un plazo de hasta 18 meses a los extranjeros cuya expulsión está pendiente, lo cual está intentando contrarrestar el DI.
3.2.Régimen jurídico para entrada, salida y permanencia de extranjeros en el
Estado de acogida.
No existe el derecho humano a migrar al margen del derecho interno de un
Estado. La libertad de circulación a la que se refiere el art. 13.1 de la DUDDHH no lleva aparejada el derecho de establecimiento a efectos de residencia en un país diferente al de su nacionalidad. Por otro lado, el art. 12 del PIDCP menciona el derecho de toda persona a salir libremente de cualquier país y el derecho a no ser privado arbitrariamente a entrar en su propio país (engloba aquí también a residentes de larga duración que ya hayan establecido fuertes vínculos en tal país de residencia). También añade el derecho a residir y circular libremente por el territorio del Estado en el que te halles legalmente (legalidad que establecerá el Estado para los casos de dicho art).
Los derechos de libre circulación y residencia también lo regulan instrumentos regionales de protección de DDHH en las respectivas convenciones de DDHH:
Convenio Europeo, Convención Americana, Carta Africana y Carta Árabe. El art. 12 del PIDCP establece las excepciones para restringir tales derechos (Ley, orden público, seguridad…). 3.3.Régimen de inmunidades internacionales.
Supuestos y personas extranjeras respecto de las cuales el Estado debe abstenerse de ejercer su jurisdicción.

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− Órganos centrales del Estado encargados de las relaciones exteriores: Jefes de
Estado, de Gobierno y Ministros de Asuntos Exteriores, para que cumplan libremente las funciones de representación de su Estado en sus visitas.
− Agentes diplomáticos y consulares (administración periférica de la Admin. exterior del Estado), para ejercer sus funciones, con régimen en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares, así como la relativa a la
Representación de los Estados en sus relaciones con las OOII de carácter universal, para la inmunidad del Jefe de la Misión Permanente y los miembros del personal diplomático. 4. Conflictos entre Estados en relación con el ejercicio extraterritorial de las competencias personales.
Esto implica que la jurisdicción del Estado se extiende sobre personas que se encuentran fuera de su territorio. Por ejemplo, el estado que intercepta en altar mar una embarcación de inmigrantes ilegales deberá asegurar los DDHH de estos (ST del
TEDDHH, Hirsi Jamaa y otros c. Italia). Otro ejemplo es el del Estado que a través de sus fuerzas armadas controla una zona situada fuera de su territorio. Este ejercicio extraterritorial de competencias personales puede generar conflictos entre Estados, igualmente soberanos todos ellos.
Mediante el Derecho Penal Internacional se enjuician determinadas conductas que suponen vulneraciones particularmente graves de los DDHH para luchar contra la impunidad de estos actos y proteger a las personas que los sufren y superar así la atribución de tal competencia al Estado donde sucedieron los hechos (principio de territorialidad) para otorgársela a:
− Estado de la nacionalidad de las víctimas (ppio de nacionalidad pasiva).
− Estado de la nacionalidad de los presuntos autores de las violaciones (ppio de nacioalidad activa).
− Estado en que se encuentran los presuntos responsables (regla aut dedere aut iudicare). − Cualquier Estado que se declare competente (ppio de jurisdicción universal).

5. Derecho Internacional de los Refugiados.
El origen está en el éxodo masivo que provocó la Revolución Soviética, cuya regulación ha culminado con la Convención de Ginebra de 1951, de ámbito casi

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universal. En los ámbitos regionales también se ha contribuido al desarrollo del DI de los Refugiados. En el ámbito europeo se ha establecido un sistema europeo de asilo, con normas comunes para establecer la condición de refugiado así como su procedimiento para su estatuto.
En el DI existe una norma ius cogens, el principio de non refoulement, que obliga a los Estados a no devolver a una persona a un país cuando esa devolución pueda exponerla a un riesgo real y previsible de una violación grave de sus DDHH. La pionera fue la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto del Refugiado.
Asilo territorial y otras formas de protección internacional
La Declaración Universal de DDHH y la Declaración sobre Asilo territorial de la Asamblea General de UN afirman el derecho de toda persona perseguida a buscar asilo. Los Estados no están obligados a concederlo pero si lo hace, poseerán un estatuto de acuerdo a la normativa sobre asilo territorial. Existen otras vías de carácter humanitario para acceder a la protección internacional. La UE ha establecido una normativa común para el caso de asilo derivado de conflictos armados de un Estado, tanto internos como internacionales. Otros motivos de huida que no tienen clara respuesta son los medioambientales (avance de desertización, catástrofes).

6. Derecho internacional de las migraciones.
Pese a como he dicho, la competencia para regular las condiciones relativas a las migraciones son del Estado a través de su Derecho interno, existen un conjunto de principios y reglas en el DI, con el principal objetivo de erradicar la emigración forzada, controlar los flujos migratorios y defender los DDHH. Sin embargo el marco jurídico es insuficiente y son los OOII de protección de DDHH los que tienen que encargarse del tema.
Condición jurídica del extranjero: inmigrantes, grupo humano vulnerable en el
DIDDHH
La Asamblea General exige a los Estados miembros que promuevan y protejan los DDHH de los migrantes de acuerdo con la DUDDHH y los instrumentos internacionales en los que sean partes. Muy importante las recomendaciones de los
OOII de protección de DDHH, que han creado el Relator Especial sobre los DDHH de los migrantes, para analizar los instrumentos y medidas que deben adoptar los
Estados para que los inmigrantes disfruten de esos derechos. También importante la labor del Comité de derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares. Están prosperando mecanismos para protección de este grupo vulnerable.

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7. Competencias personales del Estado y proceso de integración europea.
Desde el Convenión de Schangen de 1.985 se están eliminando en la UE las fronteras interiores y garantizando la libertad básica de libre circulación. Se fue haciendo necesario gestionar en común las fronteras exteriores respecto inmigración y asilo: Tratado de Maastricht que establece la competencia de la UE para el control de fronteras, eliminando controles para el cruce de fronteras interiores y estableciendo mayor vigilancia para el caso de las exteriores, pero con el carácter heterogéneo al que antes nos referíamos respecto de extranjeros de Estados no pertenecientes a la Unión, que tendrán que residir legalmente en un Estado miembro, según éste regule.
Ciudadanía Europea
Respecto a la competencia de los Estados de regular las condiciones para adquirir la nacionalidad, el Tribunal de la UE prohíbe que un Estado limite la atribución de ésta por otro Estado miembro. Por tanto, en cuanto un extranjero adquiera la nacionalidad de un país miembro de la UE, gozará de todos los derechos, entre ellos circular y residir en el territorio de la Unión, los cuales se extienden a sus familiares
(sólo pueden restringirse tales derechos por motivos de orden, seguridad y salud pública). También podrá acogerse al derecho de protección por un Estado Miembro en el que no esté representado el Estado del que ha conseguido la nacionalidad.
Además se elaboran políticas comunes referentes a las materias de visado, asilo inmigración y libre circulación, actualmente de acuerdo al procedimiento de codecisión del art. 251 del Tratado de Lisboa. Un problema que requiere solución es la distinción, cada vez más difícil de determinar, entre los inmigrantes económicos que vienen en pateras (que en principio no tienen derecho a permanecer en el territorio del Estado), de los refugiados, ya que cabe plantearse si se debería considerar el hambre o la vulneración del derecho a la alimentación como un motivo de huida de los países.

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