TERCERA CONFERENCIA TRABAJO SOCIAL FORENSE EL ABOGADO Y EL TRABAJADOR SOCIAL COMO EQUIPO EN LA PRESENTACIÓN DEL CASO EN EL TRIBUNAL
Lcda. Pilar Pérez Rojas

TERCERA CONFERENCIA TRABAJO SOCIAL FORENSE TRABAJO EN EQUIPO No debemos pasar por alto que el derecho puertorriqueño es uno rogado, por lo cual es importante proveerle al Juez toda la evidencia que entienda el abogado necesaria para la presentación del caso y lograr la petición o solicitud de su cliente. Debido a ello es importante resaltar la función del Trabajador Social como perito en los casos que participa, sean de custodia, patria potestad, relaciones paterno filiales u otros. A mi entender la profesión legal no hemos sabido por mucho tiempo reconocer la importancia del Trabajador Social y su función en un caso, la ayuda que brinda al abogado, sobre todo cuando se entiende y respeta su trabajo. Debemos primero definir quien puede ser perito. El diccionario de la Real Academia Española define perito como: “Perito/ta....Derecho Persona que poseyendo especiales conocimientos teóricos o prácticos, informa, bajo juramento, al juzgador sobre puntos litigiosos en cuanto se relacionan con su especial saber o experiencia”. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición, Editorial Espasa Calpe, SA, Madrid (1992). El perito presenta su testimonio de forma testifical o por medio de un informe o ambas maneras. Su testimonio o informe debe recoger inspecciones oculares, entrevistas, administración de pruebas y toda aquella información o documento en lo que basa su testimonio. Todo perito que vaya a testificar en una vista judicial debe cumplir con todos los requisitos que establecen las Reglas Procesales de Puerto Rico y la jurisprudencia interpretativa. La forma y manera en que se llevaría a cabo la presentación del perito y su informe, está recogido en las Reglas 51 a la 59 de Evidencia de Puerto Rico de 1979 según enmendadas, las cuales detallamos a continuación: Regla 52 - Testimonio Pericial
Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda para el juzgador entender la evidencia o determinar un hecho en controversia, un testigo capacitado como perito en relación con la materia sobre la cual va a declarar podrá testificar en forma de opiniones o de otra manera.

Esta regla permite que la experiencia del perito sustituya estudios graduados o especializados o escritos publicados. Toda persona que va a testificar en calidad de perito debe cualificar conforme a la Regla 53 de las Reglas de Evidencia, supra. Regla 53 - Cualificación como perito
(A) Toda persona está para declarar como testigo pericial si posee especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción suficientes para cualificarla como un experto o perito en el asunto sobre el cual habrá de prestar testimonio. Si hubiere objeción de parte, dicho especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción deberán ser probados antes de que el testigo pueda declarar como perito.

Bajo este inciso (A) de la regla, el abogado de la parte contraria tiene derecho a un llamado “Voir Dire” o sea, hacer preguntas al perito sobre sus cualificaciones para tratar descualificar su testimonio como perito.
(B) El especial conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción de un testigo pericial podrán ser probados por cualquier evidencia admisible, incluyendo su propio testimonio.

En sus comentarios a las Reglas de Evidencia, el Profesor Ernesto L. Chiesa, manifiesta que se ha adoptado una regla liberal sobre la capacidad para declarar como perito ya que no solo determinado conocimiento científico confiere la cualificación como perito. Expresa claramente el licenciado Chiesa que y citamos:
“Perito y científico no son sinónimos bajo esta regla, determinada destreza, experiencia, adiestramiento o instrucción en relación al asunto sobre el cual versaría la declaración pericial es suficiente. De ahí que no solamente un médico, ingeniero, arquitecto, etc., cualifique como perito; en circunstancias apropiadas tambien puede cualificar el mecánico que no tiene preparación académica formal, el “realtor” que declara sobre el valor de las propiedades”. Chiesa, Ernesto L. Práctica Procesal Puertorriqueña Evidencia, Publicaciones JTS (1985).

El Tribunal tiene amplia discreción para determinar si un testigo está capacitado para declarar como perito.

Regla 54 - Contrainterrogatorio de peritos

(A)

Sujeto a lo dispuesto en el inciso (B), todo testigo que declare en calidad de perito podrá ser contrainterrogado con igual amplitud y alcance que cualquier otro testigo y, además podrá ser plenamente contrainterrogado sobre (1) sus cualificaciones como perito, (2) el asunto objeto de su testimonio pericial, y (3) los hechos, datos y circunstancias en que su testimonio se funda.

Regla 55 - Limitación sobre número de peritos
El Tribunal podrá en cualquier momento anterior al comienzo del juicio o durante el mismo, limitar el número de peritos que podrán ser presentados por cualquiera de las partes.

Nuestro Tribunal Supremo determinó en Otero vs. Delbrey, 144 D.P.R. 688, que en casos de una alegada víctima de abuso sexual es necesario que se demuestre la necesidad de someter a esa alegada víctima a una evaluación psicológica y en Pena Fonseca vs, Pena Fonseca 2000 D.T.S.186 que un Tribunal permitirá a su discreción evaluaciones psicológicas adicionales a realizarse por peritos privados, de así solicitarselo la parte interesada y si se demuestra la necesidad de las mismas. Regla 56 - Fundamentos del testimonio pericial
Las opiniones o inferencias de un testigo pericial pueden estar basadas en hechos o datos percibidos por el perito o dentro de su conocimiento personal o informados a él antes de o durante el juicio o vista. Si se trata de materia de naturaleza tal que generalmente los expertos en ese campo descansan en ella para formar opiniones o hacer inferencias sobre el asunto en cuestión, la materia no tiene que ser admisible en evidencia.

Esta regla no solo permite el conocimiento personal del perito sino también la opinión pericial basada en hechos o datos informados al perito durante el juicio o vista, por lo que el perito podrá basar su opinión basado en la prueba escuchada durante el juicio o por información recibida antes del juicio. En Puerto Rico la parte en un pleito tiene derecho a solicitar que los testigos sean puestos bajo las Reglas del Tribunal esto significa, que el testigo no puede permanecer en la vista durante todo el proceso y no puede comunicarse con cualquier otro testigo ni escuchar lo testificado. La excepción es el testigo pericial que puede permanecer en sala a petición de la parte que lo contrato. Comenta el Lcdo. Ernesto L. Chiesa que bajo la regla tradicional, el perito no podía declarar a base de informes o información no admitida y mucho menos si se trata de prueba de referencia inadmisible. El profesor Chiesa entiende que: “La

regla moderna supera esta limitación y guarda mayor deferencia al buen juicio del perito.” Regla 57 - Opinión sobre cuestión útlima
No será objetable la opinión o inferencia de un perito por el hecho de que se refiera a la cuestión que finalmente ha de ser decidida por el juzgador de los hechos.

Permite el perito, en su examen directo, sin previa revelación de la base fáctica de su opinión, testificar en términos tales como que el demandante ha quedado totalmente incapacitado para trabajar despues del accidente. Con eso se elimina la necesidad de la pregunta hipotética, pues no es necesario que la opinión pericial esté precedida de una declaración de los hechos en que se funda y deben ser incluidos en una pregunta hipotética. Chiesa, Ernesto L., Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I, Publicaciones JTS, San Juan (1997). Regla 58 - Revelación de la base para la opinión
Un perito puede declarar en términos de opiniones e inferencias y expresar las razones en que funda su testimonio, sin que antes de declarar haya expresado los hechos o datos en que sus opiniones o inferencias están basadas, salvo que el Tribunal así lo disponga. El perito puede, en todo caso, ser contrainterrogado en relación a la materia en que basa sus opiniones o inferencias, quedando obligado a relevar la misma.

Regla 59 - Nombramiento de perito por el Tribunal
(A) Nombramiento: Antes del comienzo del juicio o durante el transcurso de éste, cuando el Tribunal determine que es necesaria prueba pericial, podrá de su propia iniciativa, o a solicitud de parte, nombrar uno o más peritos para que investiguen y sometan un informe según lo ordene el Tribunal, o para que declaren en calidad pericial en el juicio. El Tribunal determinará la compensación por los servicios del perito. Compensación: En toda acción criminal o procedimiento de menores, la compensación será pagada con fondos del Estado. En todas las demás acciones civiles, la compensación será pagada por las partes envueltas en el litigio en la proporción que el Tribunal determine, sujeto a que luego sea impuesta como otras costas o desembolsos conforme a Derecho. Presentación e interrogatorio: Cualquier perito nombrado por el Tribunal conforme a esta regla, podrá ser llamado a declarar y ser interrogado por el Tribunal o por cualquier parte. Cuando sea llamado e interrogado por el Tribunal, las partes tendrán el mismo derecho a contrainterrogar como si se

(B)

(C)

tratare de cualquier otro testigo.
(D) Derecho a presentar otra evidencia pericial: Esta regla no impedirá que cualquiera parte presente evidencia pericial adicional sobre el mismo hecho o asunto sobre el que declara o informa el perito nombrado por el Tribunal. Si la parte presenta su propio testigo, pagará sus honorarios sin que dicho pago sea recobrable como costas, a menos que el Tribunal, discrecionalmente disponga lo contrario.

No debemos jamás perder de perspectiva que la función de un perito es la de ayudar al juzgador a entender la evidencia y que éste pueda adjudicar un hecho en controversia. Esa función implica que de algún modo el perito observa, aprecia y dictamina los hechos de tipo técnico objeto de la prueba. Su dictamen, por deducción o inducción, conllevará valorar y decantar los hechos percibidos empleando sus conocimientos especializados con el fin de lograr determinado convencimiento judicial. El perito nunca debe olvidar que aunque se le permite dar una opinión última, es el Juzgador quien, en el descargo de su función judicial, valoriza la prueba. Tampoco puede perderse de perspectiva que todo testigo anunciado o no anunciado como testigo, pero que tenga información pertinente o conducente a obtener información pertinente a los hechos en controversia, puede ser citado a una deposición como parte del descubrimiento de prueba. Por lo que, entendemos, todo perito puede ser citado a ser depuesto y eso incluye a los peritos de la Unidad de Trabajo Social del Tribunal. La definición de perito ha sido interpretada en: San Lorenzo Trading, Inc. vs. Hernández, 114 DPR 704 (1983). En dicho caso se define perito: Como la persona entendida, el individuo competente, idóneo por tener unas determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer una capacidad. Además establece que: la función del perito es dar a conocer la verdad, derivada de su conocimiento especializado. El perito deber tener claro los conceptos legales en los cuales basará sus recomendaciones. Con la disolución del vínculo matrimonial es que comienzan a nuestro mejor entender, los problemas relacionados con la custodia de los menores y el poder ejercer conjuntamente la custodia o la patria potestad de éstos. Además,

sea por parejas que han convivido y se han separado, nacidos de una unión somera, por una relación adultera dónde se acude al Tribunal para dirimir la custodia. En todas esas situaciones los elementos para determinar la custodia son los mismos conforme a nuestro Derecho. El Artículo 107 del Código Civil establece en cuanto a la custodia que:
“En todos los casos de divorcio los hijos menores serán puestos bajo el cuidado y la patria potestad del cónyuge que el Tribunal, en el ejercicio de su sana discresión, considere que los mejores intereses y bienestar del menor quedaran mejor servidos, pero el otro conyuge tendra derecho continuar las relaciones de familia con sus hijos, en la manera y extensión que acuerde el Tribunal al dictar sentencia de divorcio según los casos”.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha manifestado que “la custodia es un compomente de la patria potestad, pues ésta impone a los padres el deber primario de tener sus hijos no emancipados en su compañía. Torres, Ex Parte, 118 DPR 469 (1987) En cuanto a la patria potestad el Código Civil en varios de sus articulados define cuales son los deberes y facultades inherentes a ese concepto, los cuales son los siguientes:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Regir los bienes del menor (Artículos 154 y subsiguientes) Representarlos legalmente (Artículo 153) Educarlos Alimentarlos y cuidar de su salud física y mental (Artículo 152) Consentir a su matrimonio (Artículos 70, 74 y 77) Corregirlos y castigarlos moderadamente (Artículo 153) Vigilar y protegerlos de peligros físicos y morales (Artículos 166 y 1803) Consentir a la adopción de sus hijos menores (Artículo 153) Conceder su emancipación (Artículos 232 y 2330) Nombrarles tutor (Artículos 174 y 175) Aceptar donaciones, herencias y legados, si no tiene intereses incompatibles (Artículo 567) Pedir nombramiento de defensor judicial (Artículo 160) Reservar a los hijos de primer matrimonio la propiedad de bienes que haya adquirido de su difunto consorte, por herencia, donación o título lucrativo. (Artículo 923)

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido claramente que se debe velar por los mejores intereses y bienestar físico y emocional de los menores al determinar su custodia. Se ha discutido ese elemento en nuestra jurisprudencia en Marrero Reyes vs. García Ramírez, 105 DPR 90 (1976), Nudelman vs. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495 (1978), Torres Ex-Parte, 118 DPR 469 (1987), Ortíz vs. Vega,

107 DPR 831 (1978), Feliciano vs. Guzmán, 102 DPR 246 (1974), Centeno Alicea vs. Ortíz, 105 DPR 523 (1977), Santana vs. Acevedo, 116 DPR 298 (1985). Al determinar ese bienestar se deben considerar los siguientes factores: preferencia del menor, sexo, edad, salud mental y física, el cariño que pueden brindarle las partes en controversia, habilidad de las partes para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales, económicas del menor, grado de ajustes del menor al hogar, escuela y la comunidad en que vive, interrelación del menor con las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia y la salud psíquica de todas las partes. Nudelman vs. Ferrer Bolívar, 107 DPR 495 (1978), Marrero Reyes vs. García Ramírez, 105 DPR 90 (1976). Los Tribunales en Puerto Rico ejercen su poder de “Parens Patriae” al limitar la libertad de los padres en el ejercicio de la custodia de sus hijos menores a los fines de salvaguardar el bienestar de los menores. La Dra. Ruth E. Ortega Vélez al abordar éste tema en su libro, opina que el criterio judicial de los mejores intereses del menor debe responder a los diversos factores y enumera los siguientes:
1 2 3 4 5 6 Cual de los padres tiene los lazos emocionales mas fuertes con el menor o los menores. Cual de los padres mantendrá con mayor probabilidad la relación en el futuro. Cual de los padres tiene mayor capacidad para proveer la oportunidad para el desarrollo máximo del menor. Cual de los padres estará mas dispuestos a permitir la visita con el otro. Cual es la preferencia del menor y que razones aduce para esa preferencia. Cual de los padres puede suministrar al menor el transfondo cultural y étnico con el que éste se identifica. Ortega Vélez Ruth E., La Protección Jurisdiccional del Menor con Ocasión del Divorcio de los Padres, La Cuestión Jurídica, Ediciones Situm, Santurce.

La realidad con la que se enfrenta el abogado en Puerto Rico es que el Tribunal cuenta con una oficina llamada Unidad de Trabajo Social de la Sala de Relaciones de Familia. Dicha oficina cuenta con Trabajadores Sociales para la realización de estudios sociales para distintos aspectos en la controversia que surgen en el campo del derecho de familia. También cuentan los Tribunales con una oficina de Psicólogos y Psiquiatras para la evaluación de las partes en conflicto. Estos profesionales son contratados por la Rama Judicial y solo las partes tienen contacto directo con ellos. El representante legal de las partes no tiene acceso a ellos

durante el proceso de evaluación y realización del estudio social. El primer contacto que tiene el representante legal de la parte con estos profesionales es la momento de leer el informe o evaluación que rinden al Juez que preside el caso. El informe que rinden los trabajadores sociales y las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas son confidenciales y solo se tiene acceso a ellas con permiso del Tribunal .Solamente se permite leerlo y tomar notas, sin tener acceso a copia del informe distinto es cuando se contrata un perito privado, donde se tiene derecho a copia del informe. Esta situación de los informes de la Unidad de Trabajo Social de los Tribunales, violenta el debido proceso de ley a las partes envueltas en la controversia y no permite muchas veces una mejor preparación del abogado. Cada día se fomenta más el uso de peritos privados como parte de la evidencia a ser presentada ante el Juez en los procesos judiciales en casos de Custodia y otros. Entendemos que al permitir un perito privado a las partes, cumple con debido proceso de ley y es la única manera que una parte puede impugnar un perito sea de la otra parte o de la Unidad de Trabajo Social del Tribunal. Una vez analiza su caso el abogado debe determinar si va a contratar perito privado. Muchas veces el cliente no tiene capacidad económica para contratar a un perito desde los comienzos del proceso, por lo que a veces contrata al perito una vez se rinde el informe de la Unidad de Trabajo Social del Tribunal. Se puede contratar el perito para impugnar el informe o para fortalecer el mismo por entender que tiene deficiencias. Es la visión de esta abogada que las funciones del abogado y su perito son independientes de por sí. Considero que podemos dividirlas en tres (3) etapas: Primera Etapa: Una vez contratado el perito, es función del abogado conocer la manera y forma en que su perito trabaja, método que utiliza y su protocolo. En esta primera etapa el abogado explica al perito la situación que esta en controversia, y hace un relato del caso. Es función del perito comenzar su evaluación de manera independiente al abogado. La comunicación que existe en esta etapa y preparación de informe, entre el perito y el abogado es de intercambio en las incidencias que surjan durante la evaluación. Informe Social y Juicio: En esta ultima etapa es importante dos aspectos: uno de

Segunda Etapa:

Tercera Etapa:

preparación para la vista en su fondo o juicio y el segundo de educación al abogado por parte del Trabajador Social. Es de gran utilidad para el abogado que el Trabajador Social le proveerá la literatura que entiende es pertinente. Ello provee para que le abogado pueda preparase adecuadamente no solo para el interrogatorio sino para el contrainterrogatorio del perito adverso. Además de que puede entender mejor los conceptos y teoría que se utilizará en el informe de Trabajo Social. Para la preparación de la vista en su fondo el abogado cuenta no solo con el informe social de su perito sino con el informe social de la parte adversa que por lo menos ha leído y en algunos casos tiene copia. Por lo que, su perito puede contribuir también a la preparación de la teoría final del caso, contrainterrogatorio del perito y parte adversa. Finalmente siempre debemos tomar en consideración varios aspectos: Un Tribunal no esta obligado a aceptar las opiniones del perito ni sus conclusiones aunque sea un informe de un perito nombrado por el Tribunal. Veáse, Meléndez vs Levitt & Sons of PR, 104 DPR 797 (1976). Una vez presentado un informe de Trabajo Social para ser utilizado en la adjudicación judicial de un caso, el Tribunal tiene la obligación de proveer una oportunidad para que las partes afectadas puedan formular objeciones al mismo o presentar prueba en contra de las conclusiones de dicho informe, Veáse Colon vs. Melendez, 87 DPR 442 (1963). Es obligación de la parte que desea impugnar el informe de Trabajo Social presentar prueba para explicar o controvertir los hechos. Veáse Castro vs. Melendez 82 DPR 573 (1961). Nuestro Tribunal Supremo ha manifestado en Maldonado Mir vs. Buris, 2001 JTS 72 que el foro de instancia debe darle peso a la recomendacion de todos los peritos que testificaron incluyendo los dos peritos del propio Tribunal y no debe descartar testimonio pericial crucial sin fundamento adecuado alguno. En los años que llevo de experiencia en la litigacion en las Salas de Relaciones de Familia ha sido de gran beneficio para mi crecimiento profesional como la educación que me han brindado los peritos con quien he trabajado, donde siempre cada cual ha respetado sus posiciones y profesiones. Aprendiendo de las discusiones cuando discrepamos.

Hace ya dos años fue interesante la posición de un Tribunal de Instancia en una caso de ardua labor. Este Tribunal manifestó lo siguiente sobre su perito, un Trabajador Social de la Unidad de Trabajo Social de dicho Tribunal:
“No obstante, a los fines de este dictamen, la admision o no de dicho informe no juega un papel esencial para la adjudicación de la custodia, por que por sí, no constituye una evaluación ni siquiatrica ni social, sino una recomendación general a la luz de un cuadro”.

Fue sorprendente esa vision del Tribunal de Instancia sobre su propio perito y su desconocimiento de lo que es un informe de Trabajo Social y su función, lo valido que puede ser para las determinaciones en casos de relaciones de familia, por ser complementario y distinto a una evaluación psicológica y/o psiquiátrica. Claro esta, presentamos un apelación a esa decisión ante el Tribunal Circuito de Apelaciones, Circuito Regional II de Bayamón, y su panel integrado por el Juez Sánchez Martínez, Jueza Cotto Vives y Juez Aponte Hernández quienes revocaron la sentencia y entre otros, en referencia al informe de Trabajo social manifestaron:
“En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia tenia la obligación de considerar la opinion de todos los peritos presentado, en particular, los propios peritos del Tribunal. Maldonado vs. Burris, supra. El que la Trabajadora Social no sea ni sicologa ni siquiatra no la hace, en ese sentido, menos perito que esos otros profesionales, pues su informe se preparo, en primer lugar, por peticion del propio Tribunal, que como vimos esta facultado para requerir todos aquellos informes que considere pertinente. En segundo lugar, dicha profesional esta particularmente adiestrada para analizar un caso en todas sus partes y efectuar sus recomendaciones a la luz, precisamente, de ese cuadro general al que alude el Tribunal Apelado”. Veáse, Lembo vs. Mayendia, Circuito Regional II de Bayamón, KALN2001-00799.

Entiendo que con esa decisión se ha hecho justicia a que nuestra profesión entienda la función de un Trabajador Social Forense. Por: © Pilar B. Perez Rojas, 2003. Abogada-Notario

BIBLIOGRAFIA 1 2 3 4 5 6 7 8 Carrión Maldonado, Ileana, Proceso para Custodia, Apuntes y Comentarios (1990). Recomendaciones de

Carrión Maldonado, Ileana, Guía de Observaciones (1990). Chiesa, Ernesto L. Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I, Publicaciones JTS, San Juan (1997). Chiesa, Ernesto L. Práctica Procesal Puertorriqueña Evidencia, Publicaciones JTS (1985). Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado. Cordova & Burgos, Modelo para la Evaluación de la Dinámica Familiar, San Juan, PR.(1994). Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española (1992), vigésima primera edición, Editorial Espasa Calpe, SA, Madrid. Ortega Vélez Ruth E. La Protección Jurisdiccional del Menor con Ocasión del Divorcio de los padres, La Cuestión Jurídica Ediciones Situm, Santurce, 1996.

JURISPRUDENCIA TRIBUNAL SUPREMO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 Castro vs. Meléndez, 82 DPR 573 (1961). Centeno Alicea vs. Ortiz, 105 DPR 523 (1977). Colón vs Meléndez, 87 DPR 442 (1963). Feliciano vs. Guzmán, 102 DPR 246 (1974). Maldonado Mir vs. Burris, 2001 JTS 72. Marrero Reyes vs. García Ramírez, 105 DPR 90 (1976). Meléndez vs. Levitts Sons of PR, 104 DPR 797 (1996). Nudelman vs. Ferrer Bolivar, 107 DPR 495 (1978). Ortiz vs. Vega, 107 DPR 831 (1978). Pena Fonseca vs, Pena Fonseca, 2000 D.T.S.186. San Lorenzo Trading, Inc. vs. Hernández, 114 DPR 704 (1983). Santana vs. Acevedo, 116 DPR 298 (1985). Torres Ojeda Ex-Parte, 118 DPR 469 (1987).

DECISIONES TRIBUNAL APELATIVO 1. Lembo vs. Mayendia, Circuito Regional II de Bayamón, KALN200100799.